El 13 de diciembre de 2007, al
Congreso de la Unión se le venció el plazo para dictaminar y aprobar una ley
reglamentaria del derecho de réplica que incorporaron en el artículo 6° de la
Constitución en el marco de la reforma electoral de aquel año. Hoy, seis años y
cinco meses después, cuando está por dictaminarse y aprobarse la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión (que hace referencia a dicho derecho), el
tema está relegado.
De 2007 a diciembre de 2013, la Cámara de Diputados
tiene registradas catorce iniciativas para reglamentar el derecho de réplica.
Los diputados podrán decir que ya hicieron su parte, pues el 5 de diciembre de
2013 aprobaron el dictamen para expedir Ley Reglamentaria del Artículo 6o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derecho
de Réplica, y se lo turnaron al Senado, donde “duerme” en algún archivo.
El dictamen define el derecho
de réplica (dictamen en: http://goo.gl/z4JCvh) como el “derecho de toda persona
a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes,
respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos
obligados [medios y actores de comunicación] relacionados con hechos que le
aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya
sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen”.
Este dictamen no fue aprobado
por unanimidad. De 463 diputados presentes el 5 de diciembre de 2013, votaron a
favor 354, cien en contra, nueve abstenciones y dos legisladores presentes no
votaron (ni para abstenerse).
El punto clave, como en todas
las iniciativas presentadas, es determinar ante qué autoridad ejercer el
derecho de réplica: Gobernación, un tribunal jurisdiccional o un órgano especializado existente. El
dictamen aprobado establece que sea un tribunal, con lo que para los críticos
lleva garantía de dicho derecho a un entramado judicial, conculcando en la
práctica su ejercicio, pues sólo estarían en condiciones de ejercerlo quienes
tengan los recursos e instrumentos para reclamarlo.
¿Saldrá el dictamen en el
Senado? Lo dudo, pues además deberían tomar por los cuernos la ley más
anacrónica y preconstitucional en materia de comunicación: la Ley sobre Delitos
de Imprenta, vigente desde el 13 de abril de 1917; aunque usted no lo crea.
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