 |
| Sesión del Senado de la República |
El pasado 24 de septiembre se presentó para primera lectura en el Senado de la República el dictamen para expedir la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, incorporado en la
Constitución Política de México desde 2007: "El derecho de réplica será ejercido
en los términos dispuestos por la ley". Los legisladores se fijaron en 2007
el plazo de un año para diseñar y aprobar la ley reglamentaria, y aún es día
que el instrumento para ejercer ese derecho fundamental vea la luz: un derecho negado
en los hechos.
El mencionado dictamen modifica el que a su vez aprobó la
Cámara de Diputados en diciembre de 2013. Falta aún que se apruebe en segunda
lectura en el Senado, se remita a los Diputados, y si estos lo aprueban tal
cual, se enviará al Ejecutivo para su sanción y publicación.
El derecho de réplica fue incorporado a la Constitución en el marco de la reforma político-electoral de 2007, como reacción de la
crisis en esa materia de 2006, de ahí que en su origen tenga una fuerte dosis
político-partidista. Con las reformas posteriores al artículo 6° y 7° de la
Constitución, sobre todo este último, el alcance de este derecho se amplió.
El dictamen define este derecho como aquel que tiene toda
persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones respecto de datos o
informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados
con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le
cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o
imagen", y deroga lo establecido como "derecho de rectificación"
en la preconstitucional Ley sobre Delitos de Imprenta, así como lo dispuesto en
el Reglamento de la (ya extinta) Ley Federal de Radio y Televisión.
El punto de quiebre para hacer efectivo este derecho, que
a su vez es una herramienta jurídica para ejercer derechos de audiencia,
estriba en cómo hacer operativo y efectivo un derecho en medio de la vorágine
informativa de los medios y los intereses económicos de las empresas
mediáticas. La propuesta busca conciliar dos posiciones: la autorregulación de
los medios (quienes deben atender en primer lugar este derecho ante quien lo
reclama) y la vía judicial ante tribunales de la federación, cuando los medios
lo nieguen en cualquier forma.
Mientras la enredo continúa, los legisladores mantienen la
negación de un derecho fundamental.
Publicar un comentario