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Libertades en Resistencia: Artículo 19

El pasado 14 de abril, casi tres horas después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció mediante un comunicado que “convocará, en los próximos días, a las fiscalías o unidades especializadas en libertad de expresión” de los estados, a un encuentro para “conocer e intercambiar buenas prácticas tendentes a abatir la impunidad en las agresiones contra periodistas” (ver http://bit.ly/2pjWMw1), en la ciudad de La Paz, BCS, fue asesinado el periodista Maximino Rodríguez Palacios, el cuarto comunicador ejecutado en lo que va del año (http://bit.ly/2oi5dn4); 124 de 2000 a la fecha, de acuerdo a la CNDH (http://bit.ly/2pjR1P1),
Hace un mes, Artículo 19 México y Centro América, “organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas” (https://articulo19.org), dio a conocer su informe anual 2016 sobre violencias contra la libertad de expresión e información, “Libertades en Resistencia” (ver http://bit.ly/2p609an).
“Libertades en Resistencia” es más que la numeralia de agresiones en contra de periodistas. Es el registro “de historias de resistencia frente a las distintas violencias”; se “retrata” la “primera de las violencias: la información como mecanismo de control, de abuso de poder y discriminación”; se cuenta "un “poco sobre la historia de la cual nos priva el Estado al omitirla con prácticas y leyes que restringen la libertad de expresión e información”; se muestra “a un Estado entrometido en la privacidad de periodistas que, mediante su investigación, buscan someterlo al escrutinio de la sociedad”; se evidencia el “recrudecimiento de la violencia de Estado en el marco de la protesta social, las formas para cooptar la información periodística”, los “patrones de impunidad antes estas violencias”, entre otros abordajes.
“Libertades en Resistencia” concluye con recomendaciones al Estado, generales y específicas, que además de asumirlas los destinatarios, requieren ser materia de seguimiento social, desde las universidades formadoras de comunicadores profesionales, así como de los propios periodistas. Que no siga el camino de una ley que al parecer nació muerta en la Jalisco en diciembre de 2016: la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco.
 

Sistema Estatal Anticorrupción

En mayo de 2015 se establecieron las bases constitucionales del Sistema Nacional Anticorrupción y de los Sistemas Estatales (Locales) Anticorrupción (SEA); en tanto, el 18 de julio pasado, con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) quedaron definidas las bases para esos sistemas estatales, los que, entre otras cosas, "deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta Ley otorga al Sistema Nacional" (Artículo 36 de la LGSNA). La configuración del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) implicará puntos delicados, con puesta bajo el crisol de grupos de poder, pero si se desea avanzar, se requerirá de una voluntad política  pública, honesta, técnica y sobre todo, tomar de frente, abiertamente, la integración de nuevas estructuras con personas probas y profesionales.
El SEA, a diferencia del Nacional, implicará a los municipios, que de manera básica están considerados en los principios constitucionales y en las leyes secundarias que de ellos se derivaron, sobre todo en lo que concierne a los Órganos de Control o contralorías. Ahí habrá que prestar particular atención, pues la fiscalización tiene tareas pendientes.
Volviendo al SEA, la mirada se fijará en el qué se hará, cómo y con quién las instituciones y estructuras sensibles para que opere el sistema, que serán el foco de atención y funcione en lo local y se integre en lo nacional.
El SEA supone crear un Comité de Participación Ciudadana con "ciudadanos de probidad y prestigio que hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción", así mismo una Fiscalía Estatal Anticorrupción. Instancias nuevas que ameritan un diseño con fuerza.
Pero el SEA supone meterle cirugía mayor a otras existentes y que se encuentran, una más que otras, en la atención pública y política: el Consejo de la Judicatura, el Tribuna de lo Administrativo, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, la Contraloría del Estado, y con esta las Contralorías de los demás poderes, órganos autónomos, organismos descentralizados y municipios.
Estamos frente a la revisión y construcción de un andamiaje que no puede quedar en unos pocos, ni construido al cuarto para las doce, menos a puerta cerrada.

 

Periodistas libres, ¡a callar!

Cuando la difamación y calumnia eran delitos, quien buscaba amedrentar, inhibir, silenciar a un periodista profesional o medio de comunicación libre, independiente, bastaba presentar una denuncia penal y someter al comunicador a un fastidioso y desgastante (material y anímico) proceso ante juzgados, para que a la postre terminara en nada. Luego,  siguiendo recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en abril 2007 se derogaron del Código Penal Federal los delitos de injurias, difamación y calumnia, pero se trasladó dicha responsabilidad del comunicador al Código Civil Federal bajo la figura de "daño moral"; en Jalisco se hizo lo propio en octubre de ese año.
Se trató de un avance,  pero con el tiempo quien tiene y dispone del poder en sus manos (político y económico) ha pervertido ese mecanismo de responsabilidad de los comunicadores, haciendo del daño moral el instrumento amedrentador, y con el censurar y provocar autocensura. Los casos más recientes están en la persecución en contra de Sergio Aguayo Quezada que emprendió el ex gobernador y ex líder nacional del PRI Humberto Moreira Valdés (Ver: http://bit.ly/2apy3QE); así como el acoso judicial en contra de María del Carmen Aristegui Flores por parte de MVS Comunicaciones y el presidente de su Consejo, Joaquín Vargas Gómez (ver: http://bit.ly/2a68mmb).
Ser comunicador profesional no supone "patente de corso", ni "fuero" que lo exima de responsabilidad como cualquier ciudadano o ciudadana; pero tampoco puede negarse que como en cualquier conducta, habrá que observarla y analizarla en su contexto particular y general. Así las cosas, la pregunta clave es: ¿los casos de Sergio Aguayo y Carmen Aristegui encuadran en lo que establece el Código Civil en materia de daño moral?
Sobre ello, estimo que no. Basta observar el trabajo público sobre el que se les reclama reparación de daño en cada uno; y por otro lado, las causas,  entorno y recursos empleados por los demandantes.
Y si a ello le sumamos el gravísimo entorno nacional persecutorio y silenciador (con asesinatos, ataques a medios, cooptación con recursos públicos) en contra de medios de comunicación y periodistas profesionales, libres e independientes, estamos ante un claro mensaje y línea de actuación del poder político y económico: Periodistas libres, ¡a callar! 
 

Itei, tercera llamada

La elección de dos comisionados propietarios y dos suplentes para integrar el pleno Consejo del Instituto de Transparencia, Accesoa la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) se complicó. La conjunción de diversos errores, desde la primera convocatoria, el prurito de independencia entre la Comisión Legislativa-Congreso del Estado y el Consejo Consultivo ciudadano, y fallas en el examen de conocimientos a los aspirantes (desde como está planteado en la Ley, su conceptualización e instrumentación), y los intereses externos que aprovecharon las circunstancias enrareciendo el proceso, nos llevó a partir de cero con una tercera convocatoria, con tiempo sobrepasado, pero con la oportunidad de sacar adelante el proceso.
La elección de comisionados ciudadanos del ITEI, no hay que perderlo del horizonte, tiene una particularidad, que con lo ahora sucedido permitirá afinarlo y aplicarlo en otros procesos de integración de órganos y organismos de Estado que debe y deberá originarse, así como descansar en la soberanía popular concurrente en la representación que hay en el Congreso del Estado, pero ante todo desde la soberanía originaria: la ciudadanía. En otras palabras, este modelo ahora aplicado y afinado para comisionados ciudadanos del ITEI, habrá que considerarlo para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, magistrados y consejeros del Poder Judicial, Auditor Superior, Fiscal General, consejeros electorales  y próximamente en los órganos de control interno: contralores.
La particularidad a la que me refiero es el Consejo Consultivo ciudadano como mecanismo de participación ciudadana que funge como "filtro" en el proceso de selección y reduce los márgenes de repartición de "cuotas" de poder en los órganos y organismo que integra el Congreso, sin olvidar que siempre habrán grupos externos interesados en intervenir.
Así, en una visión más amplia, no reducida a las circunstancias, esta tercera llamada es la oportunidad para afinar el proceso único a escala nacional que nos dará pauta para otros similares en la integración de órganos y organismos de Estado. Sin en Chile realizó una campaña de #NoAlCuoteo (o "cuotas", diríamos aquí) en la elección de un integrante de su Instituto Nacional de Derechos Humanos, en Jalisco, México, ya tenemos un instrumento legal replicable. En las manos y voluntad de todos está, con el beneficio para todos: instituciones fortalecidas desde su origen e integración.
 

Francisco y su nuncio en México


El pasado sábado 9 de julio, Francisco Papa, en su doble función, Jefe de Estado Vaticano y cabeza de la Iglesia católica, nombró a su legado o nuncio apostólico en México, Franco Coppola, luego que transfirió a Estados Unidos a Christophe Pierre, quien estuvo en México nueve años y casi un mes. Todo un enroque de dos bandas: en Estados Unidos aprovechó el límite de edad de Carlo Maria Viganò, vinculado al escándalo del primer Vatileaks con Benedicto XVI, y comenzará a poner su impronta personal en un Episcopado Mexicano sometido a observación directa del Vaticano (Nuncios en México).
Un legado, con funciones de nuncio, a partir de su función principal, "procurar que sean cada vez más firmes y eficaces los vínculos de unidad que existen entre la Sede Apostólica y las Iglesias particulares" (Código de Derecho Canónico, 364), tiene funciones operativas, entre las que destacan: informar al Vaticano de la situación de la Iglesia local y de su entorno, conducir el proceso informativo, con nombres, de aquellos sacerdotes que serán promovidos al episcopado, así como la erección de diócesis, y con base en normas internacionales, trata las relaciones con el Estado del país a donde es enviado.
Coppola llega a un México cuando todo se mueve con vistas a 2018; aunque lo que más interesa es la intervención en el Episcopado Mexicano, ese que describió Francisco el 13 de febrero pasado en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México (ver: http://bit.ly/1TgUg0S).
La promoción de nuevos obispos en México es clave y está en impasse: tres titulares de diócesis, están a la espera de que el Papa acepte su renuncia por límite de edad y nombre sucesores: Alberto Suárez, de Morelia; Felipe Arizmendi, San Cristóbal de las Casas, José Luis Chávez, de Oaxaca; tres auxiliares, Rogelio Esquivel, de México; Juan Humberto Gutiérrez, de Guadalajara, y Juan Fraustro, de León.
Y en los próximos meses, José Guadalupe Galván, de Torreón; José de Jesús Martínez, de Irapuato; Héctor Guerrero, de Mixes; Luis Felipe Gallardo, de Veracruz; Antonio Ortega, auxiliar de México. Y en junio de 2017, la renovación de la sede más "codiciada" por "carreristas": la Ciudad de México, pues Norberto Rivera llega al límite de edad con su "picta capillos".
¿Qué perfil de obispos promoverá Francisco? Los que muevan los obispos desde México, pero ahora con el "filtro" del nuevo nuncio y la encomienda que trae.



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ITEI en riesgo

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) está en transición y en riesgo de perder la estabilidad lograda en los pasados tres años. Transición en doble vía: instrumentando nuevas disposiciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales en un Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en el que Jalisco ha sido modelo y referente, y ahora en un proceso "intervenido" de renovación de dos de sus tres integrantes del pleno del Consejo.
 
 
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