Cuando la difamación y calumnia eran delitos, quien
buscaba amedrentar, inhibir, silenciar a un periodista profesional o medio de
comunicación libre, independiente, bastaba presentar una denuncia penal y
someter al comunicador a un fastidioso y desgastante (material y anímico)
proceso ante juzgados, para que a la postre terminara en nada. Luego, siguiendo recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, en abril 2007 se derogaron del Código Penal Federal los delitos de
injurias, difamación y calumnia, pero se trasladó dicha responsabilidad del
comunicador al Código Civil Federal bajo la figura de "daño moral";
en Jalisco se hizo lo propio en octubre de ese año.
Se trató de un avance, pero con el tiempo quien tiene y dispone del
poder en sus manos (político y económico) ha pervertido ese mecanismo de
responsabilidad de los comunicadores, haciendo del daño moral el instrumento
amedrentador, y con el censurar y provocar autocensura. Los casos más recientes
están en la persecución en contra de Sergio Aguayo Quezada que emprendió el ex
gobernador y ex líder nacional del PRI Humberto Moreira Valdés (Ver: http://bit.ly/2apy3QE);
así como el acoso judicial en contra de María del Carmen Aristegui Flores por parte
de MVS Comunicaciones y el presidente de su Consejo, Joaquín Vargas Gómez (ver:
http://bit.ly/2a68mmb).
Ser comunicador profesional no supone "patente de
corso", ni "fuero" que lo exima de responsabilidad como
cualquier ciudadano o ciudadana; pero tampoco puede negarse que como en
cualquier conducta, habrá que observarla y analizarla en su contexto particular
y general. Así las cosas, la pregunta clave es: ¿los casos de Sergio Aguayo y
Carmen Aristegui encuadran en lo que establece el Código Civil en materia de daño
moral?
Sobre ello, estimo que no. Basta observar el trabajo público
sobre el que se les reclama reparación de daño en cada uno; y por otro lado,
las causas, entorno y recursos empleados
por los demandantes.
Y si a ello le sumamos el gravísimo entorno nacional
persecutorio y silenciador (con asesinatos, ataques a medios, cooptación con
recursos públicos) en contra de medios de comunicación y periodistas
profesionales, libres e independientes, estamos ante un claro mensaje y línea
de actuación del poder político y económico: Periodistas libres, ¡a callar!
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