Transparencia 4.0

Con 93 votos a favor, de los cuales 51 fueron “expresos” (sesionaron y aprobaron) y 42 “tácitos” (afirmativa ficta, no respondieron en tiempo), de los 125 Ayuntamientos, el Congreso de Jalisco aprobó la minuta de Decreto con la que la Constitución del Estado quedó “armonizada” a la Constitución Federal en materia de transparencia y acceso a la información. En los próximos días el Ejecutivo deberá publicar los cambios constitucionales y la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública del Estado de Jalisco, ya armonizada, para su puesta en vigor.

Con este trámite legislativo, en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que entrará en vigor el 4 de mayo de 2016, México se encamina a la Transparencia 4.0, es decir la implementación de un modelo de acceso y disposición de información pública que requerirá propiciar la modificación del ejercicio del poder público y la relación sociedad-gobierno. A este modelo se le ha dado por llamar “Gobierno Abierto”, indicado en la ley, pero más soportado e impulsado en acuerdos multinacionales.

Transparencia 4.0 presupone, a la par de abrir para su disposición la información pública (ahora con datos abiertos), nuevos modelos de administración y gestión del ejercicio del poder apoyado en tecnologías de la información y comunicación en generación, disposición, distribución, interoperación de la información para la toma de decisiones. Sin estos elementos, la parte nodal de Transparencia 4.0 o “Gobierno Abierto” no será realidad, pues transita de manera simultánea en la participación colaborativa-cocreativa de la sociedad en el ejercicio del poder (Ejecutivo, Legislativo, Judicial).

Así, desde esta perspectiva-finalidad, las Administraciones públicas deberán emprender una reingeniería para que la apertura-transparencia sea desde adentro, y no una llave que sólo abre por fuera. Aún más, se trata de construir Administraciones-Gobiernos-sujetos obligados sin puertas, y por ende sin llaves. La naturaleza de los cambios constitucionales y legales modifican la lógica del acceso: no basada en solicitar información, sino en disponer de ella libremente. Por eso, la medición-evaluación de un gobierno transparente no estará en certificaciones, sino en sus efectos y resultados: ejercicio del poder colaborativo, rendición de cuentas y reducción de la corrupción.