Nuestro sistema político-electoral es relativamente joven,
con debilitamiento creciente, en particular cuando está basado en un sistema de
partidos. En México, los partidos son constitucionalmente "instituciones
de interés público", con lo que quedan incrustados como aparatos paraestatales,
con régimen administrativo y jurisdiccional propio, pero sin las exigencias a
las que están otros.
A partir de ayer, arrancaron las campañas políticas con
vistas a la jornada electoral del próximo 7 de junio: a escala federal, la
renovación de la Cámara de Diputados con 300 diputados de mayoría relativa y
200 de representación proporcional; en 16 entidades, por su parte, elecciones
locales: en nueve para gobernador y en todas, renovación de Congresos locales y
ayuntamientos, y delegaciones en el caso del DF. Sin considerar los puestos
para gobernador, que son unipersonales, para el resto de cargos públicos de
elección popular podemos estimar que están en contienda no menos de 25 mil
personas entre candidatos con sus respectivos suplentes y planillas.
Diez partidos políticos están en contienda, aunque no
todos registraron candidatos para todos los cargos en disputa: 9 gubernaturas,
500 curules de diputados federales, 600 curules de diputados locales (363 de
mayoría relativa y 237 de representación proporcional en 16 congresos), 871
planillas de munícipes y 16 delegaciones del DF.
El dinero público que recibirían vía Instituto NacionalElectoral, y otro tanto más a través de los menguados en funciones, mas no en
presupuesto, Organismos Públicos Locales (OPL), supera los 10 mil millones de
pesos (el costo público de la organización-conducción-financiamiento vía INE y
OPL supera los 32 mil millones de pesos).
Para los partidos políticos, su atención está en
ganar el mayor número de espacios de poder público en disputa; pero la prueba
de fuego no está en quién gane o pierda, sino en revertir la tendencia de no
participación en este sistema que se agota cual "aplicación" cuando
el "sistema operativo" (conciencia ciudadana) cambia: entre 1991 y
2009 (elecciones intermedias), la abstención aumentó 20.91 puntos porcentuales
al pasar de 34.48 a 55.39. De mantenerse esos niveles y tendencia de
abstención, se tendría un elemento más que confirma el agotamiento y debacle
del sistema. ¿O no?
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