Sesión del pleno del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco |
Se dice que no hay quinto malo. Es cuestión de ver. Con
base en el decreto de reforma y adiciones al artículo 6° de la Constitución
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, el Congreso de la Unión deberá expedir, entre otras normas, la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información, aplicable a todas las
entidades federativas, la federación, ayuntamientos y todo sujeto obligado que
reciba y ejerza recursos públicos, o realice actos de autoridad. Las entidades
federativas, por su parte, con base en esa nueva norma, deberán adecuar sus
disposiciones propias en la materia, y para el caso de Jalisco, estamos ante la
creación de una quinta "ley de transparencia", o en sentido estricto,
de acceso a la información.
En el Senado de la República, el 2 de diciembre de 2014,
a nombre de legisladores de diversos partidos, Arely Gómez González presentó el
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y fue turnado a las Comisiones Unidas de
Anticorrupción y Participación Ciudadana, así como a la de Estudios
Legislativos (Segunda). En ella, se recogen propuestas no sólo del IFAI y la
Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (Comaip), además de
especialistas y grupos ciudadanos .
Al entrar en vigor la nueva norma general, se prevé que
las entidades tendrán un año para adecuar sus leyes locales, junto con otras
que expida el Congreso, como la nueva sobre protección de datos personales.
La atención en el proceso de adecuación normativa estará
en, al menos, estos aspectos fundamentales: armonizar los principios y
conceptos en materia de acceso a la información; precisar el tema de sindicatos
y partidos como sujetos obligados y sus obligaciones; revisar plazos y procesos
para la solicitud y acceso-disposición, así
como los recursos de revisión; las facultades y funciones del órgano
garante (ITEI) y sus consejeros, que ahora serían comisionados; y la relación
con el IFAI que surja con la nueva Ley Federal, en armonía con la General.
De estos dos elementos, habrá que replantear el Consejo
Consultivo del ITEI, hacer un símil local de lo que será la Plataforma Nacional
de Transparencia (que ya comenzó a poner bases el actual ITEI), y considerar la
pertinencia de la creación de un Sistema Estatal de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, como el nacional que se prevé.
Mucho trabajo que está en veremos.
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