Al sur de Guerrero, en el Océano
Pacífico, permanentemente la placa tectónica de Cocos se impacta
permanentemente con la Placa Norteamericana, haciendo de México una de las
zonas más sísmicas con repercusiones en centro del país. Iguala, Guerrero, en
la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 no fue la excepción: fue el
epicentro de un “sismo” de magnitud aún indeterminada, que ha cimbrado el país
desde sus entrañas, con impactos que trascienden las fronteras nacionales, con
réplicas en todos los centros sociales; un “sismo” que tiene en vilo al Estado
mexicano, a la clase gobernante, a las instituciones; un “sismo” que mostró las
entrañas de México.
El movimiento
La tarde del 26 de septiembre, un
grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, localizada
en la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tixtla, Guerrero, acudió a Iguala,
a realizar un “boteo” o colecta para financiar sus actividades educativas,
culturales y políticas, como participar en el 46 aniversario luctuoso de la
masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, ciudad de México, y
manifestar en Iguala el “destape” o lanzamiento como candidata a la presidencia
municipal de Iguala de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis
Abarca Velázquez, entonces presidente del mismo municipio.
Los jóvenes estudiantes, previamente
habían tomado camiones para su traslado. Por la noche, saliendo de la ciudad, en
distintos puntos fueron interceptados por elementos de la policía municipal en
las inmediaciones del 27 Regimiento de Caballería del Ejército Mexicano y de
una base de operaciones de la Policía Federal, apoyados por la policía del
municipio de Cocula. Dispararon contra ellos, tres jóvenes murieron en el
lugar, dos más resultaron gravemente heridos. 47 jóvenes fueron detenidos y
trasladados a las instalaciones de la policía. Y ahí desaparecieron.
De acuerdo con las versiones de los
22 policías municipales de Iguala y 14 de Cocula detenidos como responsables de
las detenciones, los jóvenes habrían sido entregados a integrantes del grupo
“Guerreros Unidos”, una de las células del crimen organizado que se disputa la
plaza de Guerrero y Morelos[1],
y la Procuraduría General de la República, con dos testimonios de detenidos, aseguró
33 días después de los hechos que los estudiantes fueron asesinados,
incinerados y arrojados a un río.[2]
Los hechos, desde que se conocieron,
desataron la indignación nacional e internacional. La atención se centró en
México, en particular entre los jóvenes estudiantes de instituciones públicas y
privadas quienes se expresaron en las redes sociales de Internet y tomaron
calles y plazas. Ningún líder ni cabeza de por medio. Todo horizontal.
Convocatorias a paros en universidades e institutos; solidaridad internacional
integrándose a las mismas consignas, creativas e imparables, constantes, cada
vez más multitudinarias como la tercera #AcciónGlobal por Ayotzinapa del 20 de
noviembre de 2014: “¿Qué cosecha un país que siembre cuerpos?”, “’Fue el
Estado!”, “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡No somos todos,
faltan 43!”, “¡Pueblo despierta. Nos están masacrando!”, “Pienso, luego me
desaparecen”, “Ser joven y revolucionario en México es igual a sentencia de muerte”, “La digna
rabia. Justicia para Ayotzi y el pueblo”, “Este diálogo no lo entendemos”,
“Ayotzinapa somos todos”, “Que mi dolor no te sea indiferente”, “Justicia para
Ayotzinapa”, “El país está de cabeza”, “No nos desaparecerán”, “Alto al
terrorismo de Estado”, “Nos quitaron todo, hasta el miedo”, “No bailo al son de
la represión”, “Las tragedias son sólo para el teatro”, “Soy estudiante y me duele Ayotzinapa”, “Su
rabia también es la nuestra”, “¡En mi patria no hay justicia”, “¡Disparemos
ideas y no balas!”, “¡Ni perdón ni olvido!”, “¡Sicarios y policías son la misma
porquería! y ¡El terror viene del Estado!”.
Ayotzinapa reabrió las grietas de la
violencia. No eran los únicos desaparecidos. La lista de desaparecidos
extraoficiales y oficiales, con nombre y sin nombre, nuevamente emergió: “Sin
duda, este caso de los 43 desaparecidos tiene como telón de fondo los miles de
desaparecidos que desde el sexenio anterior se vienen trayendo a cuento. La
cifra oficial está por arriba de las 22,000 personas desaparecidas, otras
cifras hablan de más, pero ya esta cifra oficial resulta escandalosa”, de
acuerdo con Édgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos
y Democracia (IMDHD).[3]
Peña Nieto en el centro
Conocidos los hechos de Ayotzinapa,
el Gobierno federal aplicó una estrategia de acotamiento a un ayuntamiento, a
un estado, a un partido. Frente a sí tendía dos frentes abiertos: un paro
general en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) con propuestas de reformas
reglamentarias y el reclamo de democracia y autonomía por parte de los
estudiantes. Las secretarías de Gobernación (SEGOB) y de Educación Pública
(SEP) atajaron de inmediato el caso creando una mesa de diálogo. Días antes de
Ayotzinapa, marginalmente, se conocieron versiones distintas a las oficiales
sobre un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y miembros del Ejército
Mexicano en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlataya, Estado de
México, donde el 30 de junio de 2014 por
la noche, 22 personas murieron al encararse con militares. Sin embargo, un
reportaje de la agencia Associated Pres (AP), puso en duda el enfrentamiento
delincuentes-militares. Luego, surgieron testimonios de supervivientes que
evidenciaron ejecuciones extrajudiciales en el lugar de los hechos. Intervino
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y evidenció las ejecuciones de
al menos 15 de los 22 fallecidos, además de la manipulación de evidencias, como
presión a testigos por parte del Gobierno del Estado de México, con Eruviel
Ávila, sucesor de Enrique Peña Nieto.[4]
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por su
parte, cuando el caso Ayotzinapa estaba en las calles, durante una gira por
Irapuato, Guanajuato, en el centro del país, abordó el caso Ayotzinapa identificando
al municipio de Iguala[5],
como una entidad federativa. En la versión oficial, la pifia fue enmendada:
[…] lamentablemente no
podemos ignorar lo que sin duda ha causado una enorme indignación con lo
ocurrido en el Municipio de Iguala, en el Estado de Guerrero.
El lunes pasado referí, y claramente dejé ver ante la opinión
pública, las indicaciones que el Gobierno de la República estaba dando para
atender este tema que ha causado consternación e indignación, no sólo
manifestada entre los mexicanos, sino también en distintas partes del mundo que
han expresado el repudio y la indignación ante lo ocurrido en Iguala.
Porque se trata de un hecho verdaderamente inhumano,
prácticamente un acto de barbarie, que no puede distinguir a México y pueden
ocurrir eventos como el que ha ocurrido en Iguala.
Por eso, claramente señalé y recientemente me he reunido con
el Gabinete de Seguridad Pública del Gobierno de la República para que
aceleremos nuestro trabajo, para que podamos ir a la profundidad de la
investigación y dar con los responsables.
Éste es un hecho que no puede permanecer impune. En pocas
palabras, no cabe, como lo señalé, el menor resquicio de impunidad.
Tenemos que ir a profundidad y tope donde tope, llegar a los
responsables, a aquellos que por negligencia o por actuación permitieron o
solaparon que esto hubiese ocurrido en Iguala y que lamentablemente, de
confirmarse, jóvenes estudiantes hubiesen perdido la vida.
Y lo que ha ocurrido, los hechos que se han estado
evidenciando, los descubrimientos que ha habido de cuerpos en fosas que se han
encontrado, claramente deja ver el nivel de barbarie y el carácter inhumano que
ha tenido este hecho en Iguala.
Este hecho empaña el esfuerzo colectivo y nacional que hay
por realmente lograr de México un país de mayor progreso y desarrollo.
Genera indignación, y por eso el Presidente de la República
es el primero en ser solidario con estas expresiones que con justa razón
demandan una investigación a fondo y, sobre todo, dar con los responsables.
Esa es la instrucción que he girado a los integrantes del
Gabinete de Seguridad para que aceleren sus trabajos, sus investigaciones y muy
pronto la sociedad mexicana pueda conocer quiénes fueron los responsables de
estos hechos dolorosos, lamentables y que son simplemente inaceptables en la
sociedad mexicana.
Éste es un espacio también para reiterar lo que, sin duda, es
un compromiso firme del Gobierno de la República, que es trabajar a cabalidad,
en coordinación con las autoridades de los otros órdenes de Gobierno, me
refiero a los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, asumiendo cada
uno su responsabilidad.[6]
Sus palabras fueron interpretadas como un deslinde inicial
del Gobierno Federal, al llamar a que gobiernos locales asumieran “cada uno su
responsabilidad”.
El 29 de octubre, a un mes de los hechos en Iguala, Guerrero,
Peña Nieto recibió en Los Pinos a padres y familiares de los estudiantes
normalistas desaparecidos. Al término del encuentro, firmó diez
compromisos-acuerdos con ofreció renovar el plan de búsqueda de los jóvenes
desaparecidos, integrar una comisión mixta independiente para investigar los
hechos, realizar un programa de redignificación de la infraestructura y los
espacios de las Escuelas Normales Rurales del país y la
participación-asistencia técnica, así como medidas cautelares realizadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de
Estados Americanos (OEA)[7]
Días después, a través de YouTube se difudió una de las
intervenciones de familiares con Peña Nieto en Los Pinos. Felipe de la Cruz
Sandoval, de sintetizó el estado de ánimo de los padres, la razón de ser de las
Escuelas Normales Rurales, y sobre todo emplazó al Presidente:
Mi nombre es Felipe de la Cruz Sandoval. Mi hijo participó en
los hechos de Iguala (Guerrero). Gracias a Dios es de los pocos que se salvaron
de la acción criminal de los policías.
Espero que haya escuchado con mucha atención la exigencia de
cada uno de los padres de familia. En la primera reunión que tuvimos con el
Secretario de Gobernación y el Procurador, el primer punto que tuvimos que cada
acuerdo que tuvimos, y nos pedía confianza. Le dijimos, al menos de manera
persona, que yo no confiaba. Espero que lo recuerden: que no confiaba y hasta
ahorita no confío, por qué, porque son más de 30 días sin resultados. Con todos
los esfuerzos que dicen ustedes que hacen, pero la verdad es que miren, aquí
están los rostros de los jóvenes; que si mi hijo no me hubiese estado hablando
en el momento en que estaban pasando los hechos, también estaría en esta foto.
Gracias a Dios tuvo la oportunidad de comunicarse conmigo en el momento preciso
en que los estaban acribillando a los jóvenes. Él iba junto con el compañero,
con el alumno Aldo, que está ahorita en coma. Juntos, cuando cayó su compañero,
él empezó a gritar que eran estudiantes.
Entonces, para nosotros, definitivamente, ya llegamos al
límite de la tolerancia y de la paciencia. Estamos con la última instancia como
mexicanos y exigiéndole a usted como Presidente respuesta inmediata a la
presentación de los 43 jóvenes desaparecidos. Así como el Ejército los fue a
sacar de la clínica, donde habían llevado a su compañero para que lo curaran, y
los fue a sacar de la clínica porque a mi hijo lo sacaron (incomprensible). Que
lo sacaron los que habían ido, que sean hombrecitos y que si eso eran lo que
querían que se enfrentaran. ¿En dónde queda el papel del Ejército Mexicano
cuando ve a jóvenes con mucha ilusión de ser profesionistas?
Si usted no sabe lo que es una Normal Rural. La Normal Rural
de Ayotzinapa por historia es forjadora de maestros rurales, que se van a
comunidades más alejadas para trabajar con el pueblo, y han matado a cinco
posibles maestros, sí, que pudieron haber ayudado al desarrollo de este país y
les cortaron de tajo la ilusión de ser unos profesionistas y a los padres la
ilusión de salir adelante con sus hijos.
Creo yo, que si usted no tiene la capacidad para darnos una
respuesta ya, también debe estar pensando lo mismo que el gobernador de
Guerrero, porque también es su responsabilidad (…) ¿a los cuántos días el
gobierno federal toma el caso? O sea, al día de hoy estamos aquí con la
intención de decirle a usted que le ponemos un plazo no mayor de dos o tres
días para saber resultados concretos. No están en las fosas. Definitivamente
no, ya se pasaron de cuerpos, no son 43, son muchos más, y eso quiere decirnos
a nosotros que nuestros muchachos están vivos. Están vivos y vivos los
queremos.
La agonía es larga. Si usted ve ya el enojo de cada uno de
los padres, la desesperación, no creo que a partir de ese día usted pueda
dormir tranquilo. Son 43 desaparecidos de manera forzada por elementos de la
policía preventiva de Iguala. Un presidente municipal que ustedes sabían quién
era. Como políticos saben quiénes son y se llevan muy bien. Entonces le exigimos
a usted como Presidente, que el pueblo de México le exige que dé respuesta
inmediata, porque si no, tendríamos que recurrir a las instancias
internacionales si usted no tiene la capacidad para dar respuesta.
El primer punto desde hace un mes aproximadamente que
adquirimos con el Secretario de Gobernación y el Procurador es el mismo que
estamos exigiendo ahorita. A más de veintitantos días no ha cambiado la
respuesta: “no hay nada”, “no los encontramos”; nos involucramos en la búsqueda
simulada, porque todos los padres que han asistido nos han confirmado que si
van a dar una vuelta y se regresan y no los encuentran.
A partir de hoy queremos, que si en verdad siente la
responsabilidad de su parte y de este pueblo que lo nombró a usted, porque yo no
voté en esa ocasión, y definitivamente respóndale a esos que votaron por usted,
que aquí hay mucha gente que votó por usted confiando que iban a tener un
presidente de México. Entonces, esa es la participación y la exigencia:
respuesta inmediata, ya no más simulación de andarlos buscando en fosas. No
están en fosas, están vivos.
¿Quién se llevó a nuestros hijos? Los policías. ¿Y el Estado
mexicano, quién se llevó a nuestros hijos? Los policías. [8]
Una semana antes, luego de reclamos,
manifestaciones, toma de carreteras, incendios del Palacio Legislativo, el
Palacio de Gobierno, ayuntamientos, centros comerciales en Iguala, el 23 de
octubre, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, solicitó licencia
para separarse del cargo; en su lugar, fue designado por el Congreso local
Rogelio Ortega, ex secretario General de la Universidad Autónoma de Guerrero
(UAG), como gobernador interino. Luego,
seis días después del encuentro de Peña Nieto con padres y familiares de
normalistas desaparecidos, la Procuraduría General de la República (PGR) informó
que en una casa de la delegación de Ixtapalapa, Distrito Federal, también
gobernada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), como Guerrero, fueron
localizados y aprehendidos el ya ex presidente municipal de Iguala, José Luis
Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda. El primero, había solicitado
licencia como edil el 30 de septiembre, y desde entonces desaparecer para luego
emprenderse su búsqueda al señalarlo como responsable del asesinato del perredista
Arturo Hernández Corona en mayo de 2013, y a su esposa como parte de una
investigación sobre operadores financieros del grupo delictivo de “Los Beltrán
Leyva”, además de otras averiguaciones que se iniciaron contra ellos.[9]
Para el sacerdote Alejandro Solalinde, la detención de los Abarca no se realizó
en el Distrito Federal, sino que ahí se “sembraron”, habiendo sido detenidos en
Veracruz.[10]
En redes sociales, en tanto, se mostraron imágenes difundidas por la PGR al
momento de la detención, traslado y presentación ante medios de los Abarca, en
las que se resalta la no concordancia de vestimentas, indicando que la
detención habría sido una “puesta en escena”.[11]
A pesar de estos dos hechos de la
procuración de justicia, con los que se obtenía una “caída” política y
aprehensiones, la presión y reclamo social no menguó. Incluso, el foco de
atención se apagó sobre Guerrero pero se centró en el Distrito Federal, en Los
Pinos y Palacio Nacional.
En la víspera del viaje de Peña Nieto
a China y Australia, el procurador General de la República, Jesús Murillo
Karam, el 7 de noviembre de 2014 se reunió al mediodía en el hangar del aeropuerto de Iguala con los
padres y familiares de los normalistas desaparecidos para informar sobre las
investigaciones realizadas. De ahí se trasladó a la ciudad de México donde por
la tarde informó de las indagatorias: los jóvenes habrían sido asesinados,
calcinados y arrojados a un río.
La rueda de prensa, que concluyó con
“ya me cansé” por parte del procurador ante al última pregunta, provocó que el
Ángel de la Independencia recibiera a miles de jóvenes con veladoras
reactivando la esperanza y el reclamo de justicia; retomaran el “Ya me cansé”
en contra del procurador y el Presidente Peña Nieto en las instalaciones de la Procuraduría
General de la República y el Zócalo de la ciudad de México, conde un grupo de
infiltrados ajenos a los manifestantes se dirigieran a la puerta principal del
Palacio Nacional, descubierto de seguridad esa noche, y con facilidad lanzaran
bombas molotov hacia ella y la fracturaran.
Para entonces, Peña Nieto volaba a
China, y en su escala en Alaska, aprovechó para condenar retóricamente la
violencia:
Es inaceptable que alguien pretenda utilizar esta tragedia
para justificar su violencia. No se puede exigir justicia actuando con
violencia.
Yo reitero que Ayotzinapa es un llamado a la unidad, a la
reflexión, a la paz, a la concordia; a definir los mecanismos que nos permitan
superar debilidades de orden institucional, pero, sobre todo, hacerlo en paz y
en armonía social.
Los mexicanos decimos no a la violencia.[12]
Un día después, el equipo de
Aristegui Noticias publicó simultáneamente con la revista Proceso un reportaje
sobre la casa de la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, valuada en 86
millones de pesos, construida por el Grupo Higa, una de las empresas que ganó
el contrato para construir el tren rápido México-Querétaro, además de ser
empresa constructora en el Estado de México cuando el ahora presidente fue
gobernador.[13]
El tema, provocó mayor indignación, pero con tintes de ironía y mofa social.
A su regreso de Asia, donde participó
en el Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC), en el hangar Presidencial en la ciudad de México, el 16
de noviembre de 2014, a pregunta expresa sobre el intento de quema de la puerta
de Palacio Nacional, Peña Nieto señaló:
No dejaremos de agotar toda instancia de diálogo, de
acercamiento y de apertura para evitar el uso de la fuerza para restablecer el
orden.
Es el último recurso, pero el Estado legítimamente está en
facultad de hacer uso del mismo cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo
para establecer el orden.
Yo aspiro, y espero, que no sea el caso de lo que el Gobierno
tenga que resolver o no lleguemos a este extremo de tener que hacer uso de la
fuerza pública.[14]
Dos días después, de gira en su
Estado de México, el 18 de noviembre, endureció más su discurso, además de molesto
por el tema de la “casa blanca” y los señalamientos contra su esposa. Peña
Nieto, indicó que en las movilizaciones sociales hay un interés por
desestabilizar su proyecto de Nación:
Hemos advertido que al amparo de este dolor [caso de
Ayotzinapa], que al amparo del sufrimiento de los padres de familia, que al
amparo de esta consternación social que hay por los hechos de dolor y de
horror, que de acuerdo a la investigación se tuvieron en Iguala, hemos
advertido los movimientos de violencia que, al amparo y al escudo de esta pena,
pretenden hacer valer protestas.
Protestas que a veces no está claro su objetivo. Pareciera
que respondieran a un interés de generar desestabilización, de generar desorden
social y, sobre todo, de atentar contra el proyecto de Nación que hemos venido
impulsando.[15]
Sin embargo, fue la primera vez que
Peña Nieto se refiere a contar con un Proyecto de Nación. De él sólo se conoce
en sus casi dos años de gobierno el Pacto por México[16]
con las tres principales fuerzas políticas del país, PRI, PAN y PRD, firmado el
2 de diciembre de 2012, consistente en un pacto con tres ejes: fortalecimiento del Estado Mexicano, democratización
de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los
derechos sociales; así como participación de los ciudadanos como actores
fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas;
que se tradujeron en reformas constitucionales en materia educativa,
energética, telecomunicaciones, transparencia, político-electoral, de justicia,
competencia económica, hacendaria y financiera[17]
La indignación y reclamo social iba
en aumento. Para el 20 de noviembre, 104 Aniversario de la Revolución Mexicana,
mientras se convocaba en redes a una #AcciónGlobal más por Ayotzinapa en
solidaridad con los padres de familia de los normalistas desaparecidos, quienes
realizaban desde una semana antes una Caravana Informativa en el país para
concluir en la ciudad de México, la Secretaría de Gobernación, responsable de
la política interior de México, anunció la cancelación del tradicional desfile
deportivo que concluye en la plancha del Zócalo, frente a Palacio Nacional.
Sin incidentes mayores, desde
distintos puntos de la ciudad de México salieron con rumbo al Zócalo en su
mayoría jóvenes. Más de 250 mil se movilizaron. En más de la mitad del país,
acciones similares se movilizaron, pero ahora el reclamo tiene un centro más de
atención: Enrique Peña Nieto.
Lecturas sobre México
El 22 de octubre de 2014, el Congreso
Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),
se pronunciaron sobre los hechos de Ayotzinapa:
Sabemos que mientras los criminales gobiernan este país
encabezados por el jefe supremo de los paramilitares Enrique Peña Nieto, los
que forjan la consciencia ejerciendo y defendiendo la educación son asesinados
y desaparecidos y los que defienden el agua para un pueblo heroico y milenario
como es la Tribu Yaqui están en la cárcel.
El gobierno mexicano ha pretendido minimizar la criminal
represión hacia los compañeros normalistas como si fueran víctimas más de la
delincuencia, como lo ha hecho una y otra vez a lo largo del país. Unas cuantas
muertes más para los medios de comunicación, pero los pueblos que hemos sufrido
la represión de múltiples formas sabemos que los delincuentes están en todos
los partidos políticos, en las cámaras de diputados y senadores, en
presidencias municipales, en palacios de gobierno.
[…]
En este país hay peligrosas mafias y se hacen llamar Estado
Mexicano, para ellos estorbamos los que somos los pueblos que luchan, los que
no hemos tenido rostro y para que nos quede claro nos lo arrancan, los que
somos los nadie, los que vemos y sentimos la violencia, los que sufrimos los
ataques múltiples y simultáneos, los que sabemos que en este país pasa algo
malo, muy malo, se llama guerra y es contra todos. Una guerra que abajo se ve y
se sufre en su totalidad.[18]
El 12 de noviembre, por segunda
ocasión en audiencia general, el Papa Francisco retomó el caso de los
normalistas de Ayotzinapa:
Quiero de alguna manera expresar a los mexicanos, a los aquí
presentes y a los que están en la patria, mi cercanía en este momento doloroso
de legal desaparición, pero, sabemos, de asesinato de los estudiantes. Se hace
visible la realidad dramática de toda la criminalidad que está detrás del
comercio y tráfico de drogas. Estoy cerca de ustedes y de sus familias.[19]
Dos semanas antes, el Papa Francisco
al término de su audiencia general en la Plaza de San Pedro, se refirió a los
hechos que sacuden a México:
Quisiera hoy elevar una oración y traer cerca de nuestro
corazón al pueblo mexicano, que sufre por la desaparición de sus estudiantes, y
por tantos problemas parecidos. Que nuestro corazón de hermanos esté cerca de
ellos orando en este momento.[20]
El mismo día, los obispos mexicanos
abordaron de manera conjunta el tema y fijaron su posición durante su segunda
asamblea anual:
Los Obispos de México decimos: ¡Basta ya! No queremos más
sangre. No queremos más muertes. No queremos más desparecidos. No queremos más
dolor ni más vergüenza. Compartimos como mexicanos la pena y el sufrimiento de
las familias cuyos hijos están muertos o están desaparecidos en Iguala, en
Tlatlaya y que se suman a los miles de víctimas anónimas en diversas regiones
de nuestros país. Nos unimos al clamor generalizado por un México en el que la
verdad y la justicia provoquen una profunda transformación del orden
institucional, judicial y político, que asegure que jamás hechos como estos
vuelvan a repetirse.
[…]
En medio de esta crisis vemos con esperanza el despertar de
la sociedad civil que, como nunca antes en los últimos años, se ha manifestado
contra la corrupción, la impunidad y la complicidad de algunas autoridades.
Creemos que es necesario pasar de las protestas a las propuestas. Que nadie
esté como buitre esperando los despojos del país para quedar satisfecho. La vía
pacífica, que privilegia el diálogo y los acuerdos transparentes, sin intereses
ocultos, es la que asegura la participación de todos para edificar un país para
todos.
Estamos en un momento crítico. Nos jugamos una auténtica
democracia que garantice el fortalecimiento de las instituciones, el respeto de
las leyes, y la educación, el trabajo y la seguridad de las nuevas
generaciones, a las que no debemos negarles un futuro digno. Todos somos parte
de la solución que reclama en nosotros mentalidad y corazón nuevos, para ser
capaces de auténticas relaciones fraternas, de amistad sincera, de convivencia
armónica, de participación solidaria. [21]
Para el gobierno de Estados Unidos,
el caso de Ayotzinapa es un asunto “preocupante” y que se debe investigar,
según el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, a finales de octubre[22],
aunque a comienzos de ese mes, el Departamento de Estado de la Unión Americana
demandó una investigación transparente, a través de la vocera Jen Psaki[23];
para el relator de Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas, Ariel
Dulitzky, el caso Ayotzinapa es “un fenómeno de extrema gravedad”, y señaló que
“es inconcebible que [México] sepa qué cantidad de petróleo exporta y no
cuántas personas hay desaparecidas” en el país.
De vuelta al epicentro
La Escuela Normal Rural “Raúl Isidro
Burgos” con sus 43 estudiantes desaparecidos es emblemática. Fue fundada en
1926, como parte de un programa impulsado por el secretario de Educación José
Vasconcelos (1921-1924), quien para elevar la alfabetización tras la Revolución
Mexicana emprendió misiones culturales y de formación de maestros para
educación básica en las zonas más marginadas del país. Con el presidente Lázaro
Cárdenas del Río (1934-1940) se impulsaron las normales rurales en el país para
alcanzar más de 40 en todo el país. Actualmente subsisten con restricciones presupuestales catorce
dependientes de los gobiernos locales, luego del proceso de descentralización
educativo realizado bajo la Administración del Presidente Ernesto Zedillo Ponce
de León (1994-2000).
La Normal Rural de Ayotzinapa está
integrada por 532 estudiantes de origen campesino, atendida por 39 profesores y
seis trabajadores de apoyo técnico. Es común que sus estudiantes, para
financiar sus actividades educativas y culturales realicen “boteos” o colectas
entre la población y con viajeros en autopistas. Ayotzinapa para Guerrero y
México es referente de lucha social. En sus aulas se formaron los maestros
rurales Lucio Cabañas Barrientos (1938-1974), Genaro Vázquez Rojas (1931-1972)
y Othón Salazar Ramírez (1924-2008). El primero, Cabañas, líder estudiantil y
del Partido de los Pobres a comienzos de la década de los 70, cuando se operó
en México la “Guerra Sucia” en contra de movimientos sociales-revolucionarios
urbanos y rurales. El 2 de diciembre de 1974 falleció tras un enfrentamiento
contra militares en la sierra norte de Guerrero.
Guerrero, por otra parte, sobresale
en el país en todos los indicadores negativos. De acuerdo con el Índice de
Desarrollo Democrático de México 2013, liderado por la asociación sindical
empresarial Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
impulsada y financiada por la Fundación Konrad Adenauer y PoliLat, Guerrero
ocupa el penúltimo lugar con 1.9 puntos sobre 10 en cuatro dimensiones observadas,
luego de Tamaulipas, uno de los estados mayores índices de violencia y
corrupción en el país: Respeto a los Derechos Políticos y Libertades Civiles,
Calidad Institucional y Eficiencia Política, así como Ejercicio de poder
efectivo para gobernar.[24]
En materia de seguridad, Guerrero
ocupa el segundo lugar nacional con el mayor porcentaje de “cifras negras”, es
decir con mayor porcentaje de delitos no denunciados; es decir, 96.7 por ciento
de los delitos que se registran no son denunciados, y el restante 3.3 o
implicaron el inicio de una averiguación con una probabilidad de 0.5 por ciento
de concluir con la consignación del presunto delincuente ante un juez, de
acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública (ENVIPE) 2014 que desde 2011 levanta el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INGEGI).[25]
Por lo que toca a medición de la
pobreza, Guerrero es la segunda entidad de México con el mayor porcentaje de
población pobre con 69.7%, superado por Chiapas que tiene el 74.7% de su
población en pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, organismo descentralizado de la Administración
Pública Federal, a partir de sus observaciones y estudios de 1990 a 2012.[26]
En 2015, además de elecciones
federales para renovar los 500 legisladores de la Cámara de Diputados federal
se realizarán elecciones locales en más de la mitad de las entidades
federativas de México: en nueve estados se elegirá gobernador (Baja California
Sur, Sonora, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Campeche, Guerrero, Colima
y Michoacán), se renovarán 16 congresos
locales, la asamblea del Distrito Federal, 933 ayuntamientos y 16 jefaturas
delegacionales del Distrito Federal.[27]
En el caso de Guerrero, además de elección a gobernador, renovará sus 81
ayuntamientos y elegirá 28 diputados de mayoría relativa y 18 de representación
proporcional. Con el nuevo marco jurídico electoral, producto de la reforma
promovida en el Pacto por México, el órgano electoral federal, Instituto
Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral (IFE), dispone de
mayores facultades para conocer e intervenir en procesos comiciales locales,
desde la integración de los órganos locales electorales hasta la conducción del
mismo proceso que implica la observación de selección de candidatos a puestos
de elección popular.
El sismo social y político que
provocó Ayotzinapa aún no concluye. México tiembla, y las réplicas de la
emergencia de las “placas tectónicas” del contubernio y alianza de la clase
política gobernante con el crimen organizado mantienen su choche permanente.
¿Con qué cara saldrán a la calle candidatos a gobernador, a diputados locales,
a diputados federales, a munícipes, a pedir el voto cuando el responsable de lo
que sucede es el sistema que los mantiene, cuando la conciencia colectiva ha
dicho y repetido que “fue el Estado”?
[1]
¿Quiénes son los ‘Guerreros Unidos’ que azotan a México? (16 de octubre de
2014) en Semana. Recuperado de http://www.semana.com/mundo/articulo/mexico-quienes-son-los-guerreros-unidos/406193-3
[2]
Conferencia de Prensa del Procurador, Jesús Murillo Karam (Ayotzinapa) (7 de
noviembre de 2014) en YouTube. Recuperado de http://youtu.be/QNcfdHUiP8c
[3]El
caso Iguala, un reflejo del problema de los desaparecidos en México (16 de
octubre de 2014) en CNN México. Recuperado de: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/10/16/el-caso-iguala-un-reflejo-del-problema-de-los-desaparecidos-en-mexico.
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Publicada en Revista "Envío", de la Universidad Centroamericana. Nicaragua. Número 393, Diciembre 2014.
URL: http://www.envio.org.ni/articulo/4950
Publicada en Revista "Envío", de la Universidad Centroamericana. Nicaragua. Número 393, Diciembre 2014.
URL: http://www.envio.org.ni/articulo/4950
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