Diez y ocho años después en que el poder propusiera la autorregulación de medios, ahora, por ley, el Presidente Enrique Peña Nieto lo hace a través de su iniciativa de ley reglamentaria en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estableciendo como obligatorio que los concesionarios tengan un defensor de audiencia y un código de ética. Con ello, la autorregulación dejará en origen ser autorregulación.
Ernesto Zedillo, el 7 de junio
de 1996, Día de la Ignominiosa Libertad de Prensa en México, al entregar el Premio
Nacional de Periodismo e Información fue más sensato: “no es el poder público
quien debe fijar reglas de ética y de responsabilidad profesional a los medios.
Considero que son los propios medios, individualmente o mejor aún, como un
colectivo quienes deben determinar su autorregulación de cara a los más altos
intereses de la sociedad y en beneficio de su calidad como instrumentos de la
opinión pública” (URL: http://goo.gl/3QfJvk).
Peña Nieto, ahora, en su
iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (URL:
http://goo.gl/tAQsEg), en el capítulo sobre “De los derechos de audiencia”
(artículos 257 y siguientes), plantea principios, establece que “la promoción y
defensa” de los derechos “deberán estar en el contenido de los Códigos de Ética
de los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audios restringidos”
(¡Tómala!); y establece que “los concesionarios que presten servicio de
radiodifusión deberán contar con una defensoría de audiencia, que podrá ser del
mismo concesionario, conjunta entre varios concesionarios o a través de
organismos de representación” (Otra vez, ¡tómala!).
De proceder por ley un
mecanismo de autorregulación, éste queda desnaturalizado, pues una norma legal
es de suyo heterónoma que se acepta para garantizar y promover la convivencia;
un mecanismo autónomo (defensor de audiencia, de lector, códigos de ética,
libros de estilo, etc.), tienen su fuerza no en la ley, sino en el compromiso
autónomo y público de quien se transparenta y se somete a la observación pública
con base en principios éticos y mecanismos que enaltecen y dignifican el
servicio-profesión. Una concesión pública, podría por ley obligarse a
desarrollar mecanismos, pero la privada no. Observar la ley es una obligación
ética, pero que la ley establezca compromisos éticos, es en de suyo una
contradicción que desnaturaliza.
Twitter:
@jrubenalonsog
Fuente: Milenio Jalisco 5 de mayo de 2014
URL: http://www.milenio.com/firmas/ruben_alonso/Auto-regulacion-medios_18_293550706.html
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