En proceso está la integración-renovación de dos órganos constitucionales autónomos de Jalisco: el Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei), que renueva a su presidente; y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCJ). Estos órganos de Estado con finalidad y estructura distinta, pero que abonan a un elemento común en nuestra concepción social para el ejercicio del poder público: la ciudadanización.
Estos órganos surgieron como un reclamo social de devolver a los ciudadanos dos elementos sustantivos de la democracia moderna, liberal y occidental: el control en la integración del poder público a través del voto y la garantía del acceso a la información.
En una primera etapa se privilegió la noción de ciudadano frente a la clase política profesional en su integración: estos órganos serían integrados por personas sin vínculos de compromiso y sometimiento con el poder público y fuera del ámbito de control de los partidos políticos. Claro, el poder público requería recuperase y legitimase, y la vía natural estaba en quien posee y otorga el poder público: el ciudadano, la ciudadana; el soberano, la soberana.
Pero este proceso llegó a un límite: regular el poder implica estar dentro del poder para ejercerlo. De ahí que dichos órganos “ciudadanos” terminaron siendo parte de la estructura del Estado y fueron convertidos en órganos constitucionales autónomos.
En teoría e intención todo iba bien, pero la integración, supervisión, renovación de dichos órganos están supeditados al Congreso, al poder popular representado en el Poder Legislativo: siendo su puerta de entrada y salida; el filtro, la última y definitiva palabra.
Pero resulta que los partidos políticos son instituciones de “interés público” y han acumulado tal poder desde fuera de los órganos de Estado, que han terminado sometiéndolos, de tal suerte que todo lo bien intencionado queda sometido a ellos en el espacio “natural” de representación: el Poder Legislativo. Y desde fuera, pero con representación e injerencia avasalladora incluso orgánica (fracciones parlamentarias), una minoría ciudadana de diversos colores determina los asuntos públicos: administración de lo público, pactos, reformas, órganos “ciudadanos”, fiscalización, integración-renovación-ejercicio del Poder Judicial.
¿Qué veremos en el Itei y el IEPCJ? La decisión de partidos y los grupos-personas que ahorita los controlan. ¿O no?
Fuente: Milenio-Jalisco
6 de mayo de 2013
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