Rubén Alonso
Prácticamente desapercibido,
mediática, social y políticamente, tal vez por el perfil del propio organismo,
el pasado 15 de enero el Instituto de Transparencia e Información Pública delEstado de Jalisco (ITEI) presentó ante el Congreso del Estado su “informe anual
de actividades y de la evaluación general en materia de acceso a la información
pública en el Estado”, como lo establece la Ley de Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios (Artículo 24, fracción XXIV).
De acuerdo con la disposición
legal, dicho informe es en dos sentidos: actividades del ITEI y una evaluación
general en materia de acceso a la información.
El informe del ITEI está
disponible en Internet (www.itei.org.mx/v3/documentos/art32-6k/vii_informe_anual.pdf).
De sus 143 páginas, llama la atención que 88 (61.5%) es para informar sobre sus
actividades y sólo 9 (6.2%) corresponderían la “evaluación gene general en
materia de acceso a la información”. En tanto, 20 páginas (14%) la destinas
para exponer la estructura del organismo y los presupuestos de 2011 y 2012; 6
páginas (4.2%) a una presentación que hace el presidente del ITE; 11 a
carátulas e índice (7.7%) y 9 (6.3%) a un informe específico del ITEI como
sujeto obligado.
¿Cómo estamos en Jalisco en
materia de acceso a la información? Para el ITEI “no estamos en el mejor
momento”, pero asegura que “el ciudadano constantemente ejerce su derecho a
preguntar” (Órale, ¡preguntar es un derecho! En todo caso, diría que el derecho
fundamental es a la información en su vertiente acceso, que no se reduce a
preguntar, sino a solicitar, acceder, disponer).
Luego, el ITEI señala: “La
transparencia en el estado de Jalisco se ha visto relativamente mermada”, y
para ello, expone lo que llama “argumentos”; o sea, en su informe fundamente la
merma. ¡Órale!
Además, indica que el “derecho
de acceso a la información pública también se ha visto disminuido por
circunstancias extraordinarias”, para rematar con “esta afirmación se sostiene
por las siguientes razones”.
Claro, los supuestos
“argumentos” como en sus “razones”, no nos permiten identificar causas. Claro,
son “argumentos”.
Pero bueno, tenemos un informe
que en 6.2% de su contenido atiende una de las dos obligaciones legales. Tan es
así, que ni al total de sujetos obligados evaluó en 2012 con el doble de
presupuesto. Y cómo va a evaluar, si para esa área tienen sólo a 4 personas de
84.
http://twitter.com/jrubenalonsog
Fuente: Milenio-Jalisco
21 de enero de 2013
URL: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9170274
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