Pasó la Jornada Electoral. Como sea, incluso con un solo
voto, partidos e instituciones, asegurarán la instalación y operación formal de
las instituciones implicadas: Cámara de Diputados, gubernaturas, presidencias
municipales y Congresos locales en juego. Eso no lo dudo. Es asunto de
supervivencia política. Las razones de Estado se impondrán incluso en los
escenarios de impugnación y resolución final.
El juego se realizó. Sobre todo este juego “democrático”
donde grupos y partidos alentaron y llevaron a votar, pues de esa manera
legitiman con las reglas que se aprobaron la disposición del poder público. Así
es nuestra democracia formal, institucional. No ha cambiado.
Los elegidos y/o quienes serán ratificados en tribunales,
pues estas elecciones bien pueden llegar a esas instancias, a partir de su toma
de posesión serán gobernantes. Y el escenario cambiará para ellos, pero también
para nosotros, para el resto. Ahí comienza el ejercicio de la democracia real y
se abre una agenda que habrá que construir desde fuera, desde la periferia, si
es que buscamos que cambien las cosas.
Quienes gobiernen tienen su propia agenda, y entre ella,
ya se ve, será otra reforma electoral con vistas al Proceso Electoral 2018. Será
una reforma de supervivencia para ellos, pero para los de fuera, una
oportunidad para volver a tratar de incidir en reglas que eliminen los
criterios de asignación de recursos. Esa sí, que toque y modifique su sistema
nervioso: las reglas de financiamiento eliminando la base de recursos con
referencia al Padrón Electoral, que esta sea con base en la votación válida emitida en la Jornada
Electoral (así se les castiga por no propiciar participación), y el reparto de
recursos a los partidos supervivientes se haga con el mismo criterio. De esta
forma, la no participación y los votos nulos tendrían valor, contarían,
incidirían.
A los partidos políticos habrá que tratarlos como se
plantea el combate al narcotráfico: atacando sus finanzas, sus fuentes de financiamiento,
público y privado; desde el origen hasta el gasto con mecanismos de
fiscalización “in tempore”, no “post factum”, cuando el daño ya fue hecho; y
que las sanciones sean al bolsillo de quienes autorizaron el gato, no
reduciéndoles el financiamiento público.
Es tiempo de abrir la ruta de procesos electorales
austeros, congruentes con la austeridad en que vive más de la mitad de los
mexicanos.
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