Sin cambios, tal como el Senado envió la minuta de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los
Diputados federales aprobaron el pasado jueves este nuevo marco jurídico que enmarcará
con los mismos principios, políticas y procedimientos las normas y órganos
locales garantes de transparencia y acceso a la información. En los próximos
días se prevé que el Ejecutivo federal sancione y promulgue con bombo y
platillo esta nueva ley, con la que comienza a darle cierre a los temas nodales
del Pacto por México.
La garantía del derecho de acceso a la información, y con
ello la construcción de gobiernos abiertos y transparentes, ya está en la letra
Constitucional y una ley reglamentaria; sin embargo, se abre el tiempo para la
construcción de los mecanismos de instrumentación que la hagan operativa y
eficaz.
Una vez entrada en vigor, deberán armonizarse las normas
federales y locales en esta materia al marco general aprobado. En 17 entidades
federativas, de 32 del país, además de la Cámara de Diputados, esta
armonización deberá enfrentar cambios de legislaturas que se renovarán el
próximo 7 de junio; o sea, los que se van ni tiempo tendrán para ello, y los
que llegan, serán novatos. Ante ello, los órganos garantes y los grupos
ciudadanos interesados tienen el balón en su cancha para proponer a los nuevos
legisladores una armonización local que no sólo respete el espíritu
constitucional, sino que vaya más allá, pues la Constitución establece "principiosy bases", no topes ni límites.
En Jalisco, el Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI) puede liderar este proceso, ser bisagra con la sociedad:
organizaciones sociales, especialistas, universidades y sujetos obligados. El
ITEI, ni mucho menos los ciudadanos interesados, no requieren esperar una
convocatoria del Congreso local para trabajar el tema.
El trabajo puede ser en dos líneas: definir propuestas
para lineamientos que el ITEI haga llegar al Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y la construcción de
propuestas de armonización integral de las normas locales que se presentarían
al Congreso del Estado: la ley de transparencia, de protección de datos
personales, de archivos, de educación, de salud, de presupuesto y gasto público,
etcétera.
Para Jalisco es el tiempo de retomar su liderazgo en este
tema que comenzó en 2001.
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