El pasado 13 de noviembre, el Senado de Argentina aprobó una ley de acceso libre a la información científica, con la que toda institución que reciba financiamiento público deberá crear repositorios digitales de acceso abierto y gratuito, a través de los cuales cualquiera podrá obtener, usar, difundir, la producción científico tecnológica nacional como trabajos técnico-científicos, tesis académicas, artículos ; o sea, todo resultado de las actividades investigativas financiadas con recursos públicos y realizadas no sólo por investigadores, sino que incluye a docentes y becarios (http://bit.ly/1bqbkuJ).
Esta acción se suma a otros proyectos, como la Red Federada de Repositarios Institucionales de Publicaciones Científicas, La Referencia (http://bit.ly/1dYXWSy). La Referencia, financiado por el BID tienen como objetivo principal el “crear una estrategia consensuada y un marco de acuerdos para la construcción y mantenimiento” de una red de repositarios para “almacenar, compartir, dar visibilidad y dar acceso abierto a la producción científica de América Latina” (http://bit.ly/IzwZqx).
México forma parte de este proyecto, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (www.cudi.mx).
Nuestras leyes de acceso a la información, se podría señalar, garantizarían en principio el acceso y disposición de la información (investigaciones y productos) que se genera con recursos públicos. Sí, pero vía solicitud, lo que implica una posición pasiva y limitada. Habría que plantear que dicha información fuese información fundamental, y no sólo por ley, sino mediante mecanismos y acciones que generen una cultura de apertura, disposición y acceso libre a dichas producciones realizadas con recursos públicos.
Con ello, no sólo se democratizaría más el conocimiento, sino se reducirían márgenes de perversión en la producción científica para cubrir requisitos documentales y acceder o mantenerse con ello a sistemas de estímulos.
Las adecuaciones que deberán tener las leyes de transparencia, con la reciente reforma al artículo 6° Constitucional y la próxima Ley General de Acceso a la Información, pueden ser una oportunidad para avanzar en este punto.
Fuente: Milenio Jalisco 9 de diciembre de 2013
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