La reforma electoral que viene

Mañana, está previsto, el Congreso local de Jalisco, como parte del Constituyente Permanente, determinará si aprueba o no la reforma constitucional en materia electoral que el Congreso de la Unión le remitió. De ser favorable el voto (en este caso se requiere mayoría simple), Jalisco será la cuarta entidad en sumarse a esa reforma, luego de Oaxaca, Estado de México y Colima.

Al concluir el proceso de reforma constitucional federal (texto del dictamen a votación: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/sep/20070914-I.html), es decir, cuando al menos 16 Congresos locales den su voto a favor, y notificado de ello el Congreso de la Unión envíe el dictamen al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, comenzará el trabajo fino-operativo de esa reforma: llevar los principios constitucionales al Cofipe y en cada entidad, adecuar las leyes locales respectivas.

Si a escala federal no se registró una deseable consulta abierta para la reforma constitucional, y en Jalisco se confía en la facultad deliberativa y delegada de los diputados locales en este punto, en la adecuación al marco jurídico electoral sí se requiere una apertura de espacios, modos y formas.

No perdamos de vista que se definirán las reglas de competencia por el poder público, que en principio no es asunto sólo de partidos. Aunque lo hayan llevado y reducido a ello.

Los principios constitucionales que están en proceso de aprobación son diversos. Además de lo que tiene que ver con la prohibición a partidos y particulares para contratar espacios mediáticos para propaganda y que la gubernamental no incluye “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, el tema de la fiscalización de recursos que manejan los partidos políticos es un tema central; tan o más importante que el de la propaganda, pues tienen que ver con la transparencia y rendición de cuentas.

A escala federal se plantea la creación de un órgano técnico dependiente del IFE, similar a la Auditoría Superior de la Federación. Por eficiencia y racionalidad de recursos, y en referencia al modelo propuesto en la reforma constitucional, ¿por qué en Jalisco no se le da la facultad fiscalizadora de recursos que manejan los partidos a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco ahora que se definirá su autonomía?