En sentido estricto, las llamadas leyes de transparencia
son leyes de acceso a la información; la transparencia es, o mejor dicho, debe
ser el resultado del respeto, promoción, garantía del mismo por parte de los sujetos
obligados a las normas. En otras palabras, la ley no hace ni está para hacer
transparentes gobiernos y a quienes ejerzan actos de autoridad; la
transparencia es efecto, que supone, además de cumplir con la ley, un
compromiso y voluntad pública de estar sometidos a la observación y escrutinio
público de los actos de autoridad y del ejercicio del poder público; además, la
transparencia, como cualidad dicho ejercicio conferido y confiado, debe ser el
reconocimiento del soberano, del mandante, no del mandatario. Gobierno que se
diga transparente, es tan absurdo como aquel que se autoelogia.
Ahora bien, si la libertad es prerrequisito para el ejercicio
del derecho a la información y estamos ante un derecho fundamental, la
construcción y validación (no me refiero a la aprobación y sanción
jurídico-legislativa) de instrumentos jurídicos para ello, como ahora la
armonización y mejora de la llamada “ley de transparencia” (que debería ser “Ley
de Acceso a la Información para la Transparencia”) tiene que estar en manos de
los depositarios originarios de dicho derecho, no de los sujetos obligados.
Cuando la confección y validación de una norma de esta
naturaleza queda en manos exclusivas de sujetos obligados, el resultado lo
tenemos a la vista: el obligado regula, domestica, administra derechos
fundamentales, derechos humanos desde sus intereses, desde el poder público.
Las leyes de acceso a la información son herramientas de los depositarios de
este derecho para su ejercicio libre, no instrumentos del poder desde el poder
y para el poder.
La armonización y mejora de la ley de Jalisco no ha
concluido, ni está por concluir.
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