La iniciativa de decreto del Presidente Enrique Peña Nieto para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la que se tendría el marco jurídico secundario para aplicar los principios constitucionales establecidos en esa materia en el artículo 6° le abriría la puerta para que la Secretaría de Gobernación sea la principal administradora de tiempos y contenidos en telecomunicaciones y radiodifusión en México, trastocando lo establecido en la Constitución Política de México en detrimento del órgano regulador para ello, el Instituto Federal deTelecomunicaciones (IFETEL).
La Constitución es clara en el
inciso V del apartado B en el artículo 6°: “En materia de radiodifusión y
telecomunicaciones […]: La ley establecerá un organismo público descentralizado
con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por
objeto […] asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las
entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional,
la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres,
la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer
nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción
independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y
opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.”
En tanto, la iniciativa de
decreto del Ejecutivo federal, al señalar la competencia de autoridades sobre
contenidos audiovisuales (artículos 218 y siguientes) establece en primer lugar
a la Secretaría de Gobernación, luego a la de Educación (SEP), a la de Salud
(SS), y al nuevo Instituto Nacional Electoral (INE); pero ignora sin más al
órgano constitucional IFETEL. Se entiende, por su competencia y especialidad la
participación de la SEP, SS e INE, pero Gobernación, ni vela en el entierro,
menguando lo que la Constitución le da al IFETEL.
En este punto sustancial no
sólo está en juego una disposición constitucional, sino la viabilidad de un
nuevo espacio de libertad en el derecho a la comunicación que se conculcaría si
queda en manos de un órgano de gobierno, no de Estado. La tentación del control
de contenidos, como en otrora tiempos está en juego.
Por cierto, ¿qué dicen al
respecto los comunicadores profesionales en México?
Twitter:
@jrubenalonsog
Fuente: Milenio Jalisco 21 de abril de 2014
URL: http://www.milenio.com/firmas/ruben_alonso/Telecomunicaciones-contenidos_18_285151535.html
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