Hoy será un día clave en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues resolverá lo que el jueves pasado comenzó: determinar si es constitucional el artículo 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) y los artículos 16 fracción I, apartado D y 40 bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con los que se faculta al Procurador General de la República y a quien determine, a que en, “investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas” soliciten “por simple oficio o medios electrónicos a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea, que se encuentren relacionados”, y obliga a los prestadores de telecomunicaciones a colaborar con ello. Estas disposiciones son conocidas como la “ley de geolocalización”.
La Comisión Nacional deDerechos Humanos (CNDH) interpuso una acción de inconstitucionalidad, pues
estima que contraviene a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución
federal: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento…”.
La ministra Margarita Luna
Ramos ya propuso al pleno de la SCJN que las disposiciones cuestionadas sí son
constitucionales, y cuenta con el aval de otros cuatro ministros, y dos en
contra. Hoy, los cuatro ministros restantes definirán su postura, que se
anticipa será a favor el proyecto de resolución.
Lo dispuesto en CFPP es muy
específico y no aplicable a una geolocalización indiscriminada y discrecional.
Sin embargo, mientras se abre una puerta acotada para la persecución de delitos
y seguridad de víctimas de ello facilitando su localización cuando se usen
celulares para delinquir, aún no tenemos garantías ciertas de que la autoridad
proteja la privacidad sobre todo frente a empresas que trafican con bases de
datos personales, molestando al saber dónde y cómo localizar a clientes
potenciales.
El debate por parte de la SCJNnos debe llevar a una mayor conciencia pública de ello, y una protección más
fina de la privacidad entre nosotros, reclamando frente a las empresas este
derecho, y al Estado con sus órganos el garantizarlo.
Twitter:
@jrubenalonsog
Fuente: MilenioJalisco 13 de enero de 2014
URL: http://www.milenio.com/firmas/ruben_alonso/Privacidad-geo-localizacion_18_226357419.html
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