Por salud pública de las instituciones y de las personas que integraron la LVII Legislatura del Estado de Jalisco, los diputados no pueden llegar al 31 de enero, fin de sus funciones, sin resolver al menos tres puntos inevitables y exigentes en materia de manejo presupuestal en el Congreso del estado. Y si no son ellos, los que asumirán funciones el próximo 1 de febrero.
Rendición de cuentas. Los diputados, sobre todo los que fueron integrantes de la Comisión de Administración y la Junta de Coordinación Política, deben explicar puntualmente sobre el manejo de recursos y el cumplimiento de la ley en torno al Presupuesto de Egresos 2006 del Poder Legislativo. ¿Qué hicieron y qué dejaron de hacer? Que lo muestren, justifiquen y fundamenten.
Auditoría especial y externa. Que la próxima Legislatura someta a una auditoría especial y externa al Poder Legislativo, sobre todo al Congreso y al gasto en el llamado "capítulo ocho mil" o "erogaciones parlamentarias". La contratación de un despacho externo, con supervisión ciudadana, podrá ayudar a poner la luz suficiente que se requiere en el Congreso y así darle claridad al manejo de recursos públicos en 2006.
Reglas claras y públicas sobre manejo de recursos. Urge una legislación específica y normatividad sobre el Poder Legislativo en materia presupuestal, en particular la asignada a los diputados vía fracciones parlamentarias a través del capítulo "ocho mil". No existe un "catálogo de gasto" que permita reglamentar qué se puede hacer con ese dinero; cómo y bajo qué reglas contratar asesores, secretarios técnicos; reglamentar las llamadas "casas de enlace". Como están, la asignación y gasto de recursos es discrecional e inequitativa en el Congreso.
Para el trabajo legislativo se requiere dinero, no hay duda, pero éste debe ser asignado y justificado de manera específica y con reglas claras; ¿qué no decir sobre su gasto?
Por la salud de los diputados, la honra y fama pública que argumentan ahora perder o ver mancillada; por la salud de las instituciones que Jalisco requiere, cuentas claras y transparencia. Les quedan menos 16 días de funciones, suficientes para ponerse de acuerdo y dejar cuentas claras, no número de iniciativas, reformas o leyes nuevas. Cuentas claras, al menos.
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